La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lea Bustamante Orduño pidió al Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Eduardo Murueta Urrutia actuar de manera expedita en la resolución de la muerte del periodista acapulqueño, Juan Daniel Martínez Gil, porque aseguró que se ha sentado un agravio más contra el gremio periodístico del estado y contra la libertad de expresión, a que tiene derecho la sociedad guerrerense y que debiera ser intocable.
A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, Bustamante Orduño subió a tribuna para recordar que el martes 28 de julio pasado en el puerto de Acapulco, la sociedad guerrerense se convirtió en testigo impávido del asesinato de un hombre cuya profesión, la de informar, está al servicio de todos los ciudadanos.
La parlamentaria del sol azteca señaló que la muerte de Juan Daniel Martínez Gil se agrega a una larga lista de casos de periodistas asesinados cuyas investigaciones ministeriales se limitan a señalar probables hipótesis inmediatamente después de ocurridos los hechos, pero no avanzan más.
Además mencionó que aparte de reprobar el asesinato de cualquier individuo y señaladamente, el de alguien cuya labor es reportar los hechos que acontecen cotidianamente.
Recalcó que “hemos de lamentar también la falta de voluntad, compromiso e interés de las autoridades responsables de procurar justicia, para resolver o mostrar avances en las investigaciones del creciente número de casos de periodistas desaparecidos y asesinados en Guerrero, en una circunstancia que si bien no es nueva, se ha agravado desde el inicio del actual gobierno estatal”.
La diputada perredista puntualizó que una conquista inalienable de las sociedades democráticas es el derecho a recibir información clara, veraz y oportuna y a expresar sus posturas e inconformidades de manera voluntaria y abierta.
Por ello, dijo que la muerte de un periodista no es tan sólo un reprobable crimen contra un profesional de la comunicación, sino un ataque artero a una prerrogativa colectiva: la libertad de expresión.
Bustamante Orduño, señaló que si en Guerrero no existen instituciones capaces de garantizar y proteger la seguridad de los ciudadanos, y resolver de manera expedita cualquier atentado o crimen, se está ante el escenario no sólo de impunidad sino de una seria debilidad institucional.
“Si la libertad de expresión es mancillada y ultrajada, ese hecho debe preocuparnos y llamar nuestra atención, ya que pueden presentarse visos de regresión en cualquier sociedad”, aludió.
Dijo que hace unos días un diario de circulación nacional señaló que nuestro estado se ubica en tercer lugar con la mayor cantidad de ejecuciones en el país en lo que va del año: 348, detrás de Chihuahua y Durango y arriba de Sinaloa y Michoacán.
“Cada vez que se presentan sucesos desafortunados como el de la muerte de un activista, periodista o líder indígena o la desaparición forzada de ciudadanos, que por desgracia ocurren frecuentemente, esta soberanía realiza atentos llamados a la Procuraduría General de Justicia del estado, para que se emplee a fondo en las investigaciones y apresure el esclarecimiento tanto del más reciente como el de los casos previos”.
Pero insistió que es más preocupante es saber que, aún sin resolver un cúmulo de crímenes que indignan a todos, han de sumarse cotidianamente otros que engrosan las estadísticas.
De eta forma, afirmó que debido a que la impunidad campea, la sociedad tiene cada vez más elementos para desconfiar de las autoridades; del cual pesa en los guerrerenses la percepción de indefensión ante la evidente dilación para esclarecer crímenes y dar con el paradero de varios ciudadanos que han desaparecido en los últimos años.
Aseguró que ante la ola de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas, y la ausencia de certidumbre y eficacia por partes de las autoridades, “muchos consideran que el estado de derecho sólo existe en el discurso y en el papel, pero no en el ejercicio de gobierno ni en la relación de los ciudadanos con sus autoridades”, dijo.
Finalmente, señaló que esa sensación se ve fortalecida por la creencia de que no hay una autoridad capaz de garantizar, defender o proteger el patrimonio personal o familiar, es decir, cualquier individuo observa riesgos en su persona, en su familia y sus bienes, dado el nivel de inseguridad prevaleciente en el estado y en el país.
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